La banca causó la crisis, y originó una grave crisis financiera que contaminó toda la economía. El FMI alertó de que el incremento de la deuda causado por los Gobiernos en el intento de estabilizar la economía, puede ser muy peligroso y devolver a la economía global de nuevo a la recesión.

El Fondo considera que sobre todo Grecia y Portugal, pero también España son la principal fuente de preocupación para los mercados.

El FMI ha sometido a la banca española a una prueba; qué pasaría si los precios del sector inmobiliario siguieran bajando a gran velocidad y el paro se disparara hasta el 25%. En esta situación los bancos necesitarían 5.000 millones y las cajas 17.000 millones. No es una cifra exagerada porque el FROB, asciende a 100.000 millones. Pero sí que implica reestructuración sobre todo de las cajas, para consolidar que sólo queden entidades viables, para ello es necesario que no hayan interferencias entre los Gobiernos regionales y locales.

Otra preocupación del FMI es que en los dos últimos años los bancos y cajas para parar la caída de precios y la morosidad en el sector inmobiliario, se han quedado promociones enteras, suelo… Lo que implica que si sigue la bajada de precios, las entidades se verán obligadas a vender con pérdidas notables.Y el montante de estas operaciones es importante, se calcula que 23.000 millones en los bancos y 36.000 en las cajas. Es por ello necesario un ejercicio de responsabilidad de todos los niveles de Gobierno.

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El BBVA ha concedido cerca del 40% de las suscripciones hasta junio, mientras Santander un 20%.

Los ayuntamientos adeudan 32.000 millones, sobre todo, a pymes y autónomos, agravando su falta de liquidez.

El que esta medida, no haya tenido la acogida que se esperaba, puede ser debida a que incorpora también obligaciones. Los ayuntamientos deben detallar un informe al Ministerio de Economía, con el valor de sus impagos y elaborar un plan de saneamiento en el que especifiquen cómo devolverán los recursos en un plazo máximo de seis años.

Esta exigencia de transparencia ha cegado a la Administración local, que ha optado por pasar página y ningunear a quienes les reclaman el pago de las facturas.

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Pese a todo, Aurelio Martínez, presidente del ICO, indicó que no todas las líneas abiertas por el ICO, están funcionando bien. La que mejor funciona, es la de pymes, de la que se han dispuesto 2.202 millones (22% del total ). La línea especial para financiar necesidades de tesorería lleva acumulados 1.625 millones. La especial para que los municipios puedan pagar facturas atrasadas con sus empresas proveedoras lleva acumuladas 15.000 operaciones por valor de 115 millones.

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Un dato que avala esta percepción es el incremento del número de facturas que se pagan a más de 90 días. En el primer trimestre de 2008 significaba el 24% del total, doce meses después suponen una de cada tres, lo que deja entrever las dificultades de consumidores, empresas y adminstraciones públicas para hacer frente a las obligaciones de pago. Sólo los consumidores cumplen el plazo fijado por ley (60 días) para pagar sus deudas, mientras que las empresas llegan a demorarlos 98 días y las administraciones pueden abonarlas hasta en 139 días.

Según el estudio, los retrasos en los pagos se han incrementado una media de 10 días por factura y se observa que las empresas, tanto las española como las europeas, centran sus primeros esfuerzos en pagar en primer lugar a las Administraciones Públicas, en segundo lugar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus empleados y en tercer lugar el pago al principal proveedor de la compañía.

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En concreto,el texto de la iniciativa plantea que el Ejecutivo  facilite la negociación de pymes y autónomos con la banca a través de una nueva línea de avales  que garantice el cobro de las deudas pendientes de las corporaciones locales, e introduzca la necesaria liquidez en los proveedores de las administraciones municipales”.

Esta medida tendrá que ser diseñada por el ICO y desarrollada normativamente, para garantizar que no suponga un coste para los empresarios que se acojan a ella, si bien admiten que la solución definitiva esta dentro de la reforma de la financiación local que el Gobierno está negociando con la Federación Española de Provincias y Municipios (FEMP ).

La iniciativa propone que se estudie la creación de una nueva línea de créditos directos del ICO para facilitar el pago de los municipios a sus proveedores, priorizando las deudas que se mantengan con los pymes, al tiempo que exige el cumplimiento de la legislación contra la morosidad en el sector público.

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• Se ha reducido el volumen de financiación ofrecido.
• Se ha incrementado el coste de financiación ( tipo de interés ) para el 67,5% de empresas.
• Los gastos y comisiones se han encarecido para el 69,5%.
• Se han incrementado las exigencias de garantías y avales para el 82,5% de las empresas.
• Se ha incrementado el plazo de respuesta de la entidad financiera a su solicitud para el 64% de las PYMES.
• El plazo de devolución se ha reducido para el 17,3%.

Siendo el destino de la financiación en las PYMES  el siguiente:

• Para circulante (93,3% del total).
• Para renovar la financiación que tenía con su entidad financiera habitual (25,8% ).
• Para proyectos de inversión (29,5%).
• Solo el 3% de las PYMES ha recurrido a Sociedades de Garantía Reciproca.

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Las Cámaras realizarán también un seguimiento del nivel de penetración de las Líneas de Financiación del ICO. Para llevar a cabo esta actividad ICO y Cámaras organizarán conjuntamente las siguientes actividades:

• Jornadas informativas y formativas para las empresas, en las que se difundirán los instrumentos que gestiona el ICO.
• Cursos de formación para los responsables de las Cámaras.
• Las Cámaras incluirán al ICO participante activo en todas las misiones de las empresas españolas en el exterior.
• El ICO prestará asesoramiento a las empresas, a través de las Cámaras, sobre el diseño financiero óptimo para sus proyectos de inversión.

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