El presidente de la Cámara Jaime Malet, sostiene que el convenio en vigor castiga a España como destino inversor de empresas estadounidenses en comparación con otros países europeos que gozan de mejores convenios.

Las empresas reclaman una tributación cero por los dividendos generados por participaciones superiores al 10% y mantenidos al menos un año (a día de hoy se gravan al 15%) y una exención de retenciones por intereses pagados a residentes en Estados Unidos. Además, piden que se sinteticen las distintas categorías de cánones (cesiones de tecnología o derechos de autor, entre otros) en una sola, a la que se aplicaría un gravamen único menor del 5%. También se insta a eliminar la tributación en la transmisión de acciones y otros derechos de capital en casos de participación sustancial o a permitir el diferimiento de la ganacia en casos de reorganización empresarial.

La Cámara Americana destaca que la capacidad inversora española está limitada  por el convenio: de los 44.500 millones de inversión neta estadounidense que tiene España; 15.700 millones lo hacen de forma directa. El 64% restante lo hace a través de un tercer país europeo que actúa como intermediario. De esta forma las sociedades lográn eludir, según la Cámara el exceso de fiscalidad español.

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Además, el no tocar el tipo superreducido 4%, con el que se gravan los alimentos , tiene un peso muy reducido sobre el total , únicamente el 5,45% del total, frente al 20,6% de tipo reducido ( pasa del 7% al 8% ) y el 73,88% del tipo general (del 16% al 18% ).

Con esta subida del IVA se prevé recaudar 5.150 millones de euros de las empresas.

Según los técnicos de Hacienda la recaudación adicional de este tributo podría haberse conseguido con los impuestos especiales, que gravan el tabaco, el alcohol, la cerveza o los hidrocarburos.

Por otro lado, se calcula que la subida de la fiscalidad de las rentas de capital recaerá sobre el 5,7% de los contribuyentes que ganan más de 60.000 euros al año, que aportarán el 84% de la subida del tipo de gravamen.

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De la Torre sostiene que la subida de impuestos no es la única forma de reducir el déficit fiscal, que puede acercarse o superar el 10% del PIB este año. Y propone una lucha contra el fraude fiscal. Para ello reclama dotar con mayores medios humanos a la Agencia Tributaria. Sin embargo, es probable que la política de austeridad afecte también a Hacienda.

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La última modificación es el Real Decreto 1793/2008 de 3 de noviembre que modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades fijando los criterios para determinar cuando una operación se realiza a valor de mercado y regulando el ajuste que tendría que realizar la Administración en caso de que la operación no fuera considerada realizada a precios de mercado.

Para poder gozar de dicha presunción destacan, el que se trate de una empresa de reducida dimensión en la que más del 75% de sus ingresos procedan del desarrollo de actividades profesionales disponiendo, además de medios materiales y humanos para ello. Por otro lado, el resultado del ejercicio, previo a la deducción como gasto de las retribuciones de los socios profesionales,tiene que ser positivo y que los socios deben obtener una retribución no inferior al 85% de ese resultado positivo previo. De esta manera se traslada la mayoría del beneficio de la compañía a los socios que lo deberán incluir en su IRPF.

Ahora bien, aunque dichos requisitos no se cumplieran, la Administración podría igualmente valorar las operaciones realizadas entre el socio y la sociedad, realizando en su caso los ajustes necesarios.

De esta manera mediante la recalificación de los excesos o defectos de valoración como retribuciones de fondos propios, utilidades, rentas o aportaciones de los socios se pretende conseguir que la tributación global socio-sociedad sea muy próxima a la que habría tenido el profesional en su IRPF  sin la mediación de sociedades.

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Las Propuestas serían las siguientes:

1. Disminuir entre 3 y 5 puntos porcentuales las cotizaciones sociales a la Seguridad Social por parte de los empleadores que se encuentran entre las más altas de Europa.
2. Modificar el sistma de liquidación trimestral o mensual del IVA, incluyéndose únicamente las facturas efectivamente cobradas y no las emitidas. Pagar el IVA de las facturas no cobradas supone un adelanto por parte de la empresa a la Agencia Tributaria, que supone un coste financiero y problemas de liquidez.
3. Reducir significativamente la tributación de los beneficios no distribuidos en el Impuesto sobre Sociedades, para recapitalizar las empresas.
4. Favorecer fiscalmente la autofinanciación de las empresas, permitiendo que los intereses de los créditos  que un socio conceda a su empresa tributen al 18% y no al marginal.
5. Desaparición del gravamen de operaciones societarias (1% en ampliaciones de capital).
6. Agilizar las devoluciones de los créditos fiscales que tienen las empresas con la Agencia Tributaria.
7. Facilitar a las pymes que mantengan y creen empleo, el aplazamiento, de manera temporal del pago de impuestos y de las aportaciones a la Seguridad Social.

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